En las últimas semanas hemos sido testigos a través de medios impresos, electrónicos y en el radio, de la enorme deuda de estados y municipios, quienes muchas veces no tienen ni para pagar la nómina. ¿Qué esperanzas tenemos de que financien obras y servicios públicos o de que den mantenimiento a calles, parques, jardines, alumbrado público, etc.? Parte del problema es la cultura política del gobierno municipal, asociada a la búsqueda permanente por «bajar recursos» de fuentes de financiamiento ajenas a sus recursos propios: participaciones, programas federales sujetos a reglas de operación, recursos internacionales y en el peor de los casos, la contratación de deuda de la banca privada o de desarrollo, dejando en garantía sus transferencias futura.
Esto no es malo en sí mismo, al contrario, qué bueno que existan esos recursos a disposición de los gobiernos locales. El problema radica en depender únicamente de estos recursos y en no buscar fortalecer los recursos propios. Como dije en mi blog anterior, México está en el sótano de los países de la OCDE en el cobro del impuesto predial. Mientras que países como Chile, Argentina, Brasil o Uruguay recaudan alrededor del 3% de su PIB, en México estamos en un penoso 0.2 % de nuestro PIB.
Sabemos que el recurso propio más importante del municipio es el impuesto predial. Cuando los municipios buscan incrementarlo, la reacción natural de los contribuyentes es el reclamo: por qué he de pagar más impuestos si no recibo los servicios públicos necesarios y no sé en qué se los gastan. Suscribo totalmente esta frase y entiendo que los contribuyentes no estemos dispuestos a pagar más impuestos por un problema de eficiencia y transparencia en el gasto; pero también es necesario estar conscientes de que todos los que hacemos uso de los servicios públicos (agua potable, alumbrado público, transporte público, parques y espacios públicos, calles, banquetas, etc.), debemos contribuir en su mantenimiento y conservación.
La reacción de los contribuyentes ante alzas en el impuesto predial (entendible desde muchos puntos de vista), inhibe a los alcaldes a elevar los impuestos, pues el costo político es muy alto. En síntesis, ni los municipios se atreven a elevar el impuesto predial (por falta de transparencia y de eficiencia en el gasto) ni los contribuyentes estamos dispuestos a que nos eleven los impuestos (pues no percibimos una mejora en la calidad de los servicios públicos); cayendo en un círculo vicioso cuyo resultado es la dependencia sistémica de recursos externos y una deuda impagable que hoy en día tiene a muchos municipios en la quiebra y solicitando un rescate.
Son muchas las cosas que podría hacer el municipio para salir de este círculo vicioso. Sin embargo, y por tratarse del orden de gobierno encargado de la administración del desarrollo urbano, me parece que el primer paso que deberían de dar es impulsar una reforma al suelo urbano, que es mucho más profunda de lo que me propongo desarrollar aquí. Sin embargo, me parece que es posible iniciar con los cinco puntos que a continuación expongo y que son los primeros pasos:
  1. Que todos paguen, para lo cual es indispensable tener actualizado el padrón de contribuyentes, es decir, el catastro. No es fortuito que a los contribuyentes cautivos nos lleguen alzas injustificadas en el predial. Si todos pagaran,  muchos pagarían menos.
  2. Cobrar más a quien especula con la tierra (lotes baldíos). En otras palabras, y parafraseando al Dr. Ignacio Kunz y otros expertos en suelo urbano, penalizar el desperdicio urbano.
  3. Asociado al punto anterior, capturar las plusvalías o crear un impuesto a la plusvalía. Es necesario entender que las plusvalías que se generan colectivamente por las obras  y acciones públicas y privadas, son apropiadas o privatizadas por el propietario del suelo, quien lo único que hizo es especular. Por ello, es fundamental que el municipio incorpore dentro del cobro del predial, un inciso sobre el «incremento del valor de la propiedad» o de plano, crear un impuesto a la plusvalía, particularmente útil para recuperar esas plusvalías de quienes especulan con la tierra, básicamente propietarios de baldíos que permanecen como tal a perpetuidad.
  4. Estimar el valor catastral sólo a través del valor comercial del suelo (impuesto predial base suelo) y no a través del suelo y la construcción (impuesto predial base mixta). La ventaja del impuesto predial base suelo, es que su cálculo es más sencillo, pues sólo se calcula con base en el precio por m2 que incluye de manera explícita la localización, y de manera tácita el uso del suelo y se evitan los cálculos de la construcción (tipo de materiales,  acabados, antigüedad, etc.), que suelen ser complicados y se presta a errores como subavalúos (una choza en un lote muy valioso) o sobreavalúos (una casa con muy buenos acabados en un lote muy barato), es decir, el impuesto predial base suelo, además de ser más sencillo su cálculo, parece distribuir mejor las cargas y beneficios del sistema recaudatorio, en comparación al impuesto predial base mixta.
  5. Difundir en todos los medios posible, en qué se va a gastar el dinero que se recaude, punto fundamental que permitiría otorgar legitimidad a una eventual reforma al suelo urbano.

Invito a los alcaldes, alcaldesas, funcionarias y funcionarios municipales, que exploren estas medidas, que las discutan en sus Cabildos y de ser necesario, que las pacten con el Estado y los propietarios del suelo, para que se tenga la seguridad de que el incremento de sus ingresos, se reflejará en una mejora concreta en la gestión urbana en beneficio de los ciudadanos.
Juan Carlos Zentella Gómez
Local & Global Ideas